El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne se reunió esta mañana con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para solicitar al Ministerio Público mayor colaboración en la investigación de los casos de extracciones ilegales de agua, consideradas delitos. En la misma cita, el titular del MOP entregó detalles del proyecto de ley que prepara la cartera, con el fin de aumentar las sanciones por robo de este recurso hídrico.
Según explicó el ministro Golborne, el Ministerio de Obras Públicas tiene dentro de sus funciones velar por la protección y el buen uso del recurso hídrico. En este contexto, la Dirección General de Aguas del MOP ha desplegado una intensa fiscalización en terreno para detectar extracciones ilegales e infracciones al Código de Aguas.
Cuando las fiscalizaciones arrojan actos que constituyen delitos, la DGA envía los antecedentes al Ministerio Público; sin embargo, existen casos en que las investigaciones se dilatan y los infractores no son debidamente sancionados. En los últimos tres años, la DGA ha derivado 272 casos al Ministerio Público; de ellos el 78% corresponden a hechos ocurridos entre Arica y la Región Metropolitana.
Por lo mismo, el ministro indicó que “para nosotros, resulta vital la aplicación de sanciones por las extracciones ilegales y en este sentido el apoyo del Ministerio Público es clave en la investigación de estos graves delitos. De nada sirven las campañas en terreno y los enormes esfuerzos que estamos realizando para detectar a los infractores, si finalmente los responsables no reciben sanción alguna”.
En paralelo, el ministro informó que se trabaja en un proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes realizan extracciones ilegales de agua. Con la actual legislación, una persona es multada con un máximo de 20 UTM ($ 755 mil aproximadamente); sin embargo, la modificación legal propone que ese mismo infractor llegue a pagar una multa de 500 UTM ($ 18 millones). Según Golborne, este proyecto “busca fortalecer la institucionalidad para proteger el recurso hídrico”.
Junto a estas modificaciones, el proyecto de ley busca conceder más atribuciones a la Dirección General de Aguas para exigir a los titulares que ostentan los derechos de aprovechamiento de este recurso la entrega de información relacionada con las extracciones, transferencias o transmisiones del bien hídrico.